En virtud de los hechos de público conocimiento, que involucran un
creciente aumento de la represión hacia diferentes colectivos de
militancia social y política, así como también hacia sectores de la
población en marcada situación de vulnerabilidad, la Asociación de
Estudiantes de Educación Social (AEES), se ve en el compromiso de dar a
conocer su postura frente a los mismos:
Desde nuestro lugar como
estudiantes organizados en un colectivo en pro de la conquista de
derechos que conciernen a la sociedad en su conjunto, repudiamos
enfáticamente el accionar de progresivo hostigamiento que viene llevando
a cabo el Ministerio del Interior, enmarcado en una postura asumida por
el actual gobierno, tendiente a criminalizar la lucha de aquellas
organizaciones que no confluyen en sus lineamientos políticos; además de
otras inclinaciones que caen también, demasiado frecuentemente, en la
estigmatización de la pobreza y la juventud.
En el trascurso del
corriente año, han acontecido una serie de sucesos (amparados en lo
explicado anteriormente) que queremos denunciar:
-El 10 de mayo,
en el marco de la organización de la 4ta Marcha por la tierra, el agua y
los bienes naturales, la policía intento irrumpir sin orden judicial en
el centro social La Solidaria, donde se realizaban las coordinaciones
de la movilización.
-El pasado 14 de agosto, durante la histórica
marcha por el Día de los Mártires Estudiantiles, un operativo de fuerzas
de choque de la policía, dispuesto frente al Ministerio de Economía y
Finanzas y al Centro Militar; ejecutó una represión desmedida sobre los
manifestantes dejando como saldo a varias personas heridas por disparos
de bala de goma, entre ellas periodistas allí presentes.
Culminada
la marcha, dos personas fueron detenidas (a varias cuadras de la Plaza
Mártires de Chicago donde había finalizado la misma) tras un
procedimiento de Inteligencia que infiltró agentes encubiertos en la
manifestación.
-El sábado 24 de agosto, antes de comenzar la
Marcha del Filtro, se realizaron 12 “detenciones preventivas” con el fin
de “evitar disturbios”; en función de las investigaciones acaecidas el
14 de agosto. Estos secuestros ocurrieron a la salida del antes
mencionado centro social La Solidaria.
-El jueves 29 y el viernes
30 de agosto, dos compañeras fueron nuevamente secuestradas (en ambos
casos en presencia de vecinos) por policías de particular mediante
mecanismos de terrorismo de Estado, utilizados en la historia más oscura
de este país.
-A principios de setiembre en Santa Catalina
(barrio que se está organizando frente a cuestiones como saneamiento,
regasificadora, y demás) fueron detenidos varios jóvenes en dos
violentos procedimientos policiales, seguidos de otro que finalmente
logró ser frustrado por los vecinos.
-El 17 de setiembre, a raíz
de una denuncia de la Suprema Corte de Justicia, la fiscalía pidió el
procesamiento con prisión de cuatro militantes, y el procesamiento por
complicidad de tres compañeros más, todos ellos en febrero de este año
se habían manifestado -junto a otros cientos- en repudio al traslado de
la jueza Mariana Mota quien tenía a su cargo la investigación de más de
50 casos vinculados a crímenes ocurridos durante la dictadura militar.
En la investigación intervino el Departamento de Operaciones Especiales
(DOE) de la policía, que además de encargarse del trabajo de
inteligencia (interrogatorios, citaciones, interceptaciones en la calle)
colaboró en la identificación de los procesados, operando con una
selectividad ineludible dirigida en prejuicio de militantes implicados
en luchas que chocan con las posturas del oficialismo.
En todos
estos hechos identificamos varios factores comunes, que confirman lo
señalado al principio: utilización de cámaras con el fin de identificar
(fichar) compañeros, el uso de dispositivos de tortura con el objetivo
de persecuciones ideológicas (interrogatorios del Departamento de
Operaciones Especiales), empleo de violencia física y psicológica,
ocultamiento del paradero de los detenidos que permanecieron
incomunicados y turbiedad de los procedimientos judiciales que entre
otras irregularidades no pudieron demostrar implicancia de los
detenidos.
Notamos un paralelismo inevitable entre la utilización
de los mismos métodos para perseguir tanto a los luchadores sociales
como a la juventud y a la pobreza.
No admitimos la indiferencia de
las autoridades del Ministerio del Interior frente al repudiable
accionar de sus subordinados, siendo que tal reacción recuerda a la de
los gobernantes de facto cuando se les demanda información sobre
torturas y asesinatos sucedidos durante ese periodo.
Vista la
coyuntura actual donde la salud, la vivienda y la educación exigen más
presupuesto, condenamos la actitud del gobierno que insiste en conceder
mayores recursos a los ministerios de Interior y Defensa para acentuar
la persecución y no atender a las causas primeras de las problemáticas
sociales.
Reivindicamos nuestro derecho legítimo a organizarnos, a
manifestarnos, a luchar y a discernir, como colectivo en lucha, con el
pensamiento político del gobierno de turno.
Exigimos más presupuesto para educación, vivienda y salud, y menos para el aparato represivo del Estado.
¡Arriba los que luchan!
Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES).
